A más de cinco años del brutal asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, el pedido de justicia por el joven estudiante sigue resonando en Argentina.
Por Magdalena Saguier
Si bien el juicio oral de Dolores culminó con condenas para los ocho rugbiers, el caso sigue vigente, con apelaciones en las cortes y crecientes tensiones y divisiones entre los propios condenados que empiezan a redefinir el rumbo de sus defensas.
El 18 de enero de 2020, Fernando Báez Sosa —un joven estudiante de Derecho de 18 años— fue brutalmente asesinado a golpes frente a la discoteca Le Brique, en Villa Gesell, provincia de Buenos Aires. Después de un altercado dentro del boliche, Fernando fue acorralado por un grupo de ocho rugbiers oriundos de Zárate, quienes lo golpearon con puñetazos y patadas, incluso cuando ya se encontraba inconsciente. Finalmente, Báez Sosa murió por una hemorragia cerebral masiva producida por estos múltiples traumatismos.
Los rugbiers condenados a cadena perpetua, por coautores del homicidio, son Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi. Los condenados a 15 años de prisión, por participación secundaria, son: Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi.
Desde el inicio de la investigación y durante el juicio, los rugbiers condenados habían mantenido una postura de hermetismo y una defensa unificada bajo el abogado Hugo Tomei. Sin embargo, la novedad más relevante en los últimos meses ha sido el quiebre del «pacto de silencio» y las acusaciones cruzadas entre los jóvenes en prisión, siendo este un factor que podría ser decisivo en las instancias judiciales que se aproximan.
Los puntos clave de este quiebre:
Máximo Thomsen, considerado uno de los principales agresores y condenado a prisión perpetua, declaró desde la cárcel, con el fin de desligarse de la responsabilidad total y señalando la supuesta mayor implicación de otros imputados.
Matías Benicelli, otro de los condenados a prisión perpetua, también ha cambiado de estrategia legal, apartandose de la defensa de Tomei para cambiar de abogado. Muchos rumores indican que esto tiene como objetivo acusar a Thomsen de liderar un «pelotón de fusilamiento» y posicionarse como menos implicado en la golpiza mortal, buscando así una reducción de su pena.
Si bien los ocho jóvenes siguen alojados en el mismo penal (Alcaldía 3 de Melchor Romero), la convivencia ya no es la misma. Las tensiones internas, el resentimiento por las condenas y las nuevas estrategias individuales, han generado un ambiente de conflicto entre ellos.
Estas rupturas del «pacto de silencio» y la aparición de nuevas defensas individuales representan un giro significativo en el caso, ya que podrían aportar nuevos elementos o reconfigurar la percepción de las responsabilidades ante los tribunales superiores.
Mientras los rugbiers lidian con sus conflictos internos, el proceso judicial sigue su curso en las máximas instancias. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires es el próximo paso definitorio. Este tribunal provincial tiene que revisar las apelaciones presentadas por todas las partes:
Por parte de la defensa, se argumenta que no hubo dolo homicida, y que la participación de algunos de los condenados no justifica la condena perpetua.
Por otro lado, la querella (Fernando Burlando, abogado, y los padres de la víctima) reitera el pedido de prisión perpetua para los ocho condenados, argumentando que todos fueron autores de un homicidio con alevosía y premeditación.
Por último, la fiscalía sostiene las condenas ya dictadas por el TOC N°1 de Dolores.
Es importante destacar, también, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó, en marzo de 2025, un pedido de recusación de siete de los condenados contra los jueces de una instancia anterior. Esto, aunque no define el caso, no ayuda a la estrategia defensiva.
Es inminente la decisión de la Suprema Corte bonaerense y será fundamental ya que, dependiendo de su fallo, el caso podría avanzar finalmente a la CSJN y las condenas alcanzarían firmeza definitiva.
