Por Tamara Flores
Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en Bogotá perpetrado por un menor de edad vinculado al microtráfico. El caso reabre el debate sobre la infiltración del narcotráfico en la política colombiana y revive un drama familiar atravesado por la violencia.
El reciente intento de asesinato contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay vuelve a poner sobre la mesa una realidad devastadora en Colombia: la normalización de la violencia política y su cruce con las redes del narcotráfico.
El incidente se dio en Bogotá, donde la víctima recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna por parte de un joven de 14 años, el cual luego declaró a la policía que había accionado «por plata, por mi familia». Asimismo, el autor material dio detalles del operativo explicando que un «patrón del barrio» lo reclutó y existían cuatro cómplices encargados de la logística. Este evento trae a la mesa no solo la gravedad de la inseguridad del país, sino también la sofisticación de estas redes, que operan mediante control territorial, cooptación de menores y castigo.
La política colombiana arrastra desde hace décadas un nexo oscuro con el narcotráfico. En 1990, Diana Turbay —periodista y madre de Miguel Uribe— fue secuestrada por “Los Extraditables”, grupo al servicio del Cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar. Su lema era claro: “Preferimos una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos”. Diana murió en 1991 durante un fallido intento de rescate. Su secuestro fue parte de una estrategia de presión para frenar la extradición de narcotraficantes a EE. UU.
Más de tres décadas después, su hijo cae en el mismo pozo. El presidente, Gustavo Petro, calificó el atentado como una «venganza al narcotráfico», vinculándolo con los recientes golpes del Estado contra laboratorios ilegales y redes criminales.
Colombia hoy en día enfrenta un escenario que levanta preocupación al ser parecido al de los años noventa. Aunque las figuras cambiaron, las dinámicas solo se sofisticaron. Las estructuras del narcotráfico siguen infiltradas en la política; tras la caída de Pablo Escobar, dichos sistemas se fueron adaptando e infiltrando. Así entonces, en los años 90 la conexión entre ambos bandos era más directa y cruda: financiamiento de campañas, intimidación y compra de congresistas. Mientras hoy, la estrategia se ha sofisticado al punto donde el narcotráfico infiltra gobiernos regionales, canaliza dinero a través de fundaciones o partidos políticos con fachada institucional.
El caso de Miguel Uribe, atacado por un menor vinculado al microtráfico, es la punta visible de un problema profundo en el país. Y es cierto que en las zonas más empobrecidas del país, las economías ilegales llegan a ocupar el vacío ofreciendo ingresos y seguridad. La problemática reside en la raíz de la inestabilidad institucional.
El apellido Turbay es símbolo del poder político tradicional y vuelve a estar en el debate sobre el futuro de Colombia. La figura política Miguel Uribe representa una derecha liberal que promueve el libre mercado, aunque el atentado muestra que no hay discurso válido para un enemigo que no respeta reglas ni límites.
Diana Turbay, madre de Diego Uribe, durante el cautiverio.
La violencia política en Colombia sigue siendo una herramienta de control y terror. La instrumentalización de menores por redes del narcotráfico para atentar contra figuras públicas muestra el grado de vulnerabilidad institucional. Si el país aspira a elecciones libres y seguras, debe comenzar por desenmascarar estas redes locales y proteger a los menores atrapados en el conflicto por causa de la pobreza extrema que se sufre.
Miguel Uribe no es solo una víctima más: es un símbolo de lo que está en juego. Heredero de una familia marcada por la violencia política, su historia encarna la repetición trágica de un país que no logra cerrar sus heridas. Actualmente, sigue en la clínica en estado crítico de salud y se estima que los siguientes pasos como respuesta del Estado demostrarán una frent determinado en combatir la problemática.
