Tras la reunión que mantuvo con la CGT y la UIA, el Ministerio de Trabajo llamó a decenas de gremios entre los que están Uocra, Camioneros y Gastronómicos, entre otros. El objetivo: la recomposición del salario.
El Gobierno convocó a la reapertura de paritarias para varios gremios del sector privado a fines de lograr una recomposición salarial y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto de elevada inflación.
Entre los gremios convocados por el Ministerio de Trabajo, en total 27, se destacan la UOCRA, Camioneros, Sanidad, Gastronómicos, Seguridad, Maestranza, Plásticos, Almaceneros, Alimentación, Textiles, Molineros, Aceiteros, Pasteleros y SMATA.
La convocatoria se produce luego de la reunión que mantuvieron este martes los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; con representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA).
El llamado quedó plasmado en la resolución 388 del Ministerio de Trabajo, que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial,
El llamado de la cartera laboral también incluye cualquier otra actividad “que tuviera acuerdos o convenios colectivos con término no vencido, y a aquellas que tuvieran acuerdos o convenios colectivos con término vencido y no se encontraren en la etapa de tratativas”.
La puesta en marcha de la medida quedará a cargo de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, que depende de Gabriela Marcello. Ella será la encargada de abrir tandas de diez negociaciones diarias entre las actividades listadas y las que eventualmente pidieran ser incorporadas a la ronda de diálogos.
El diálogo entre el Gobierno, la UIA y la CGT confluyó hacia esa solución y eludió otros planteos de sectores del Frente de Todos que reclamaban una intervención más decidida con acciones generales como aumentos salariales por decreto.
Esa vía fue desechada por la oposición de la propia CGT, resuelta a fortalecer la institución de las paritarias y a proteger a empleadores con dificultades para afrontar pagos uniformes para todos sus trabajadores.
