Tras el revés en el Congreso el Gobierno se promulgaron ambas leyes, pero sin aplicación por el momento.
El Gobierno nacional promulgó hoy las leyes de emergencia en pediatría, con foco en el Hospital Garrahan, y de financiamiento de universidades públicas, pero postergó su aplicación.
Las razones esgrimidas en los decretos 759/2025 y 760/25 fueron las mismas que utilizó el gobierno de Javier Milei para patear también la actualización de salarios y prestaciones determinadas en la ley de emergencia en discapacidad: la supuesta falta de financiamiento.
La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada tras la insistencia del Congreso pese al veto Presidencial previo, apunta a sostener del presupuesto universitario en todo el país, la actualización de los gastos de funcionamiento y la recomposición de los salarios del personal docente y no docente.
En ese sentido, uno de los puntos centrales de la ley es la actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, que deberán ajustarse bimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Por otro lado, la Ley de Emergencia Pediátrica, con el Hospital Garrahan como emblema, busca garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios de salud pediátrica; asegurar el funcionamiento de hospitales públicos de atención infantil; y fortalecer los sistemas de residencias médicas.
Entre sus puntos principales, establece la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial, así como la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud que atiende a la población pediátrica. Además, prevé la exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen actividades críticas, horas extras y guardias en efectores públicos y privados.
El costo fiscal estimado para la implementación de esta legislación asciende a $196.270.000.000, una cifra que, según el decreto, supera ampliamente la capacidad presupuestaria actual del Ministerio de Salud, que presenta un déficit de $102.400.000.000.
De esta manera, el Ejecutivo advierte que una reasignación de recursos de esa magnitud equivaldría al 30 % del total de subsidios para medicamentos y tecnología sanitaria y al 60 % del presupuesto del programa de prevención de VIH-Sida.
